Hay leyes que entran con ruido y otras que van calando poco a poco, casi sin que nos demos cuenta, hasta que un día afectan a algo tan cotidiano como emitir una factura. La Ley 18/2022, de creación y crecimiento empresarial, es de las segundas.

Se aprobó en 2022 con la intención de facilitar que nazcan más empresas en España y de que las que ya existen no se queden atascadas por trámites, morosidad o falta de financiación. Y, aunque lleva unos años en marcha, es ahora, con el despliegue de la factura electrónica obligatoria, cuando de verdad se está notando en el día a día de autónomos y pymes.

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Una ley pensada para quitar fricción

Si uno lee el articulado con calma, se da cuenta de que la norma no es un único cambio, sino un paquete de medidas bastante variado. Por un lado, simplifica la creación de sociedades: ya no hace falta un capital social mínimo de tres mil euros para montar una Sociedad Limitada, basta con un euro, aunque con ciertas condiciones mientras no se alcanza ese umbral tradicional.

Por otro, ataca uno de los grandes males del tejido empresarial español: la morosidad entre empresas. Y es en ese punto donde aparece la pieza que más está dando que hablar últimamente: la obligación de facturar electrónicamente en las relaciones B2B.

No es casualidad que estas dos cosas vayan de la mano. Cuantas más facturas se emiten en papel, en PDF suelto o por canales que no dejan rastro digital, más fácil es que un pago se retrase sin que nadie tenga forma de reclamarlo con datos claros.

Con la factura electrónica estructurada, en cambio, queda constancia de cuándo se emitió, cuándo se recibió y, en teoría, cuándo debería haberse pagado. Esa trazabilidad es la que persigue el artículo 12 de la ley Creación de Empresas, el que en la práctica está obligando a repensar cómo factura cualquier negocio que trabaje con otras empresas o autónomos.

¿Quién tiene que adaptarse y cuándo?

Aquí conviene ser precisos, porque los plazos han ido cambiando desde que se aprobó la ley y es fácil quedarse con una fecha equivocada. Tras la publicación del Real Decreto que desarrolla este artículo, en marzo de 2026, el calendario quedó fijado en dos tramos:

• Las empresas que facturan más de ocho millones de euros al año tienen hasta julio de 2027 para adaptarse.
• El resto de empresas y autónomos tienen de margen hasta julio de 2028.

Puede parecer que queda mucho tiempo, y en cierto modo es así. Pero cualquiera que haya vivido de cerca una migración de sistemas sabe que estas cosas rara vez se resuelven en dos semanas.

Cambiar la forma de facturar implica revisar el software que se usa, comprobar que es compatible con los formatos estructurados exigidos, formar al equipo administrativo y, en no pocos casos, renegociar con proveedores que todavía trabajan con métodos más artesanales.

Por eso, empezar pronto no es una cuestión de prisa, sino de evitar hacerlo todo mal y con estrés en el último trimestre antes del plazo.

Lo que cambia para quien trabaja solo

Para un autónomo, este cambio tiene un matiz particular. Muchos han facturado durante años con una plantilla de Word o un Excel adaptado a mano, y ese margen de informalidad se va a cerrar.

La adaptación de la factura electrónica para autónomos implica pasar a un sistema que genere documentos con una estructura reconocida, ya sea a través de una plataforma privada interconectada o de la solución pública que ofrecerá la Agencia Tributaria. No es solo un cambio de formato: cambia también cómo se conservan los registros y cómo se justifican los ingresos ante Hacienda.

Lo que la ley intentaba resolver de fondo

Es fácil quedarse solo con la parte de «esto es obligatorio, hay que cumplirlo», pero merece la pena mirar qué problema intentaba resolver la ley en origen. España tiene un porcentaje de pymes que no crecen más allá de cierto tamaño más alto que la media europea, en parte porque el propio marco regulatorio penaliza superar ciertos umbrales.

Pues la Ley Crea y Crece trataba de suavizar esa barrera, facilitando que una empresa pequeña pudiera crecer sin toparse de golpe con una avalancha de nuevas obligaciones.

La digitalización de la facturación encaja en esa misma lógica, aunque a primera vista parezca solo una carga administrativa más. Una empresa que factura de forma estructurada y digital tiene, casi como efecto colateral, mejor visibilidad de sus cobros pendientes, menos margen para el error humano y más facilidad para automatizar procesos que antes exigían horas de trabajo manual.

No deja de ser paradójico que una norma pensada para reducir fricción se perciba, al principio, como una fuente de fricción adicional.

¿Qué hacer mientras tanto?

No hace falta lanzarse a cambiar de sistema mañana mismo, pero tampoco conviene dejarlo todo para el año antes del plazo. Lo razonable es dedicar un rato a entender si el software que se usa hoy está en camino de cumplir estos requisitos, hablar con el proveedor si hay dudas, y aprovechar el margen de tiempo para hacer una transición ordenada en lugar de una carrera de última hora.

Al final, la Ley Crea y Crece no deja de ser un recordatorio de que la facturación en papel, tarde o temprano, va a dejar de ser una opción.